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España amplía la garantía de los productos para reforzar el “derecho a reparar” de los consumidores

//España amplía la garantía de los productos para reforzar el “derecho a reparar” de los consumidores

La Ley de defensa de los consumidores se adapta a la directiva europea y amplía la garantía de los productos a tres años, entre otras modificaciones

Europa es líder mundial en residuos electrónicos per cápita, duplicando la media global, según recogía un estudio del think tank United Nations University. Aunque algunos países como Croacia o Dinamarca reciclan más de la mitad de estos residuos, la media de países se sitúa en torno al 40%, según datos de Eurostat. Algunas de las soluciones que se impulsan desde la Unión Europea para reducir estos residuos pasan por alargar la vida de los productos, aumentar las garantías, y reforzar el ‘derecho a reparar’ de los consumidores

Como parte de esta reivindicación, el 1 de enero de 2022 entró en vigor la actualización de la Ley General de Defensa de los Consumidores. Con la reforma, España cumple con la directiva de la Unión Europea que busca proteger el ‘derecho a reparar’ de los consumidores. Así como reducir los residuos electrónicos.

Te explicamos las medidas que ha introducido España, así como las de otros países de la Unión Europea, como Francia, que están integrando el ‘derecho a reparar’ en sus legislaciones.

Extensión de la garantía en España a tres años desde el 2022

Tras la modificación de Ley General de Defensa de los Consumidores, se ha ampliado el mínimo para las garantías de productos de dos a tres años, y los consumidores tendrán hasta cinco años de plazo para reclamar la avería, siempre y cuando se haya producido durante los tres años cubiertos en la garantía. 

Por otro lado, los fabricantes deberán tener a disposición piezas de recambio durante 10 años a partir de la retirada del producto, en vez de cinco, como hasta ahora.  

De esta forma, España ha ido más allá de lo que pide la directiva europea. En estos momentos, la Unión Europea fija el mínimo de garantía en dos años. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, explica a Newtral.es que desde la asociación de consumidores valoran positivamente la reforma de la Ley. “La directiva de la Unión Europea era muy laxa, pero España ha aumentado el plazo de garantía un 50%”, indica. 

Otra de las medidas que establece la reforma es extender de seis meses a dos años el margen para que no recaiga en el consumidor probar que no se hizo un mal uso del producto que generase la avería. 

Sánchez explica que este cambio es importante para garantizar el ‘derecho a reparar’ de los consumidores. “Antes se podía pedir un peritaje, que suponía más gasto para el consumidor, y desincentivar la reparación. Ahora hasta los dos primeros años, se asume que el fallo es de fábrica, a no ser que se demuestre lo contrario, o que sea obvio” dice el representante de Facua. 

“Por ejemplo, si se cae un teléfono móvil y se rompe la pantalla, está claro que eso no venía de fábrica”, añade.

Sin embargo, la obligación para el fabricante de mantener la disponibilidad de recambios durante 10 años a partir de la retirada del producto ha sido criticado desde algunas empresas, que alegan que esta medida incrementa los costes, y acaba en precios más altos para los consumidores. 

El secretario general de Facua, sin embargo, afirma que no prevén “un encarecimiento de costes para el fabricante que justifique lo que están diciendo algunas patronales de que estos cambios les obligarán a subir el precio”. En el caso de que no se respete la nueva norma, el consumidor podrá denunciarlo. Puede hacerlo a través del portal del consumidor de la comunidad autónoma o a través de alguna de las asociaciones del consumidor. 

Francia comenzó su etiquetado sobre la reparabilidad hace un año

El movimiento del ‘derecho a reparar’ empezó en Estados Unidos, donde consiguió su primera victoria en 2012 con la aprobación de una ley en Massachusetts, y se trasladó después a Europa, donde asociaciones de varios países de la Unión Europea comenzaron a pedir a los legisladores que se garantice el ‘derecho a reparar’ de los consumidores. 

En Europa se reclama que, aunque ”obviamente no es ilegal que repares un producto que es de tu propiedad”, falta legislación para asegurar que puedas acceder a “manuales de reparación, piezas de recambio, o herramientas especializadas”. 

Una de las peticiones por parte de la campaña del ‘derecho a reparar’ en Europa es un sistema de etiquetado que ayude a los consumidores a conocer fácilmente cómo de reparable es el producto que están comprando. 

Este tipo de etiquetado ya se aplica en Francia desde el año pasado, según explica la página del gobierno francés. El indice de réparabilité (índice de reparabilidad) es obligatorio para varios tipos de aparatos electrónicos que van desde las lavadoras a los smartphones. 

El objetivo, según indica la ley francesa, es que los consumidores puedan tener información fácil de entender sobre los productos que compran. Se le asigna a los productos una nota del 0 al 10. Así, por ejemplo, compañías como Apple, o Samsung deben mostrar qué nota reciben sus productos en cuestiones como la durabilidad, el desmontaje de las piezas, o el precio de los componentes. 

Europa es líder mundial en residuos electrónicos per cápita

Europa lidera el ránking mundial de mayor residuos electrónicos per cápita con 16,2 kg por año. Más del doble que la media global (7,3 kg), según un estudio de 2020 del think tank japonés United Nations University. Además, según un estudio de Eurostat, solo el 40% de estos residuos se reciclan. Para reducir este impacto, la Unión Europea aprobó el primer plan de acción de economía circular, que incluye alargar la vida útil de los productos. 

En 2021, con la directiva europea, se dio el siguiente paso respecto al “derecho a reparar”. La Comisión Europea recogía en su web que “el ‘derecho a reparar’ no solo es clave para los objetivos de la UE de economía circular. También es positivo para los derechos de los consumidores”. Por el momento, se especifica este derecho para algunas clases de productos se ven afectados por esta medida: frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, y pantallas. Según recoge la Comisión Europea, se deberán proporcionar piezas de repuesto y manuales durante un mínimo de siete o 10 años, dependiendo del tipo de producto. 

FUENTE: NEWTRAL

2022-01-25T14:42:29+00:00 martes, 25 enero 2022|