El pasado 20 de febrero se aprobó en Consejo de Ministros el nuevo Real Decreto 110/2015 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), por el que se trasponen las directrices establecidas por la Unión Europea en la Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012. Se trata de un Real Decreto que ha llevado tramitarlo más de dos años debido a su importancia y complejidad, ya que han participado numerosos grupos de interés y Administraciones Públicas.
El texto regula en detalle la práctica totalidad de las fases de la gestión de los RAEE, entre las que cabe destacar las medidas para mejorar la trazabilidad de estos residuos y sus requisitos técnicos de tratamiento. También regula las obligaciones de los distintos agentes, la recogida, la preparación para la reutilización y el tratamiento específico, los traslados, la autorización y comunicación, la responsabilidad ampliada del productor, las obligaciones de información a las Administraciones Públicas, la coordinación de las administraciones y el régimen de inspección, vigilancia y control.
En concreto, el principal objetivo es recoger de forma separada el 85% de los RAEE generados a partir de 2019 y se traten valorizando, al menos, entre el 70% y el 85% de su peso, según las categorías de residuos. También se establecen objetivos específicos de preparación para la reutilización de entre el 2% y el 3% a partir de 2017.
Otra de las novedades de la norma aprobada es que los establecimientos de venta de aparatos eléctricos y electrónicos deberán aceptar de forma gratuita los dispositivos ya usados de tamaño pequeño, como los teléfonos móviles, si disponen de un establecimiento de más de 400 metros cuadrados, sin que el consumidor tenga que comprar otro a cambio. Por otro lado, la venta de estos aparatos a través de Internet también deberá garantizar que se puedan entregar los residuos que generen, al igual que en las tiendas físicas.
Se espera que esta norma solucione los problemas del anterior Real Decreto por el cual sólo el 30% de los RAEE llegaban a las plantas autorizadas. También que se asegure que los residuos se traten en las instalaciones para las que están autorizadas, con el fin de elevar los niveles de valorización y evitar así repercusiones negativas para la salud y el medio ambiente.
Los RAEE contienen materiales valiosos y sustancias peligrosas por eso hay que tratarlos de manera específica con un proceso que comienza en las instalaciones de recogida municipal o puntos limpios y que involucra a tiendas, gestores autorizados y puntos específicos habilitados por los fabricantes.
La nueva normativa también fomenta la prevención de residuos de este tipo y apuesta por técnicas de preparación para la reutilización que ofrecen la posibilidad de volver a poner en el mercado el mismo producto que se ha reparado, es decir, convertir lo que podría ser un residuo en un nuevo aparato que se puede volver a utilizar. Todo este proceso necesita varios requisitos para que los gestores puedan garantizar que la preparación para la reutilización se realiza de manera adecuada.
En España el sector de los residuos representa un 27% del total de empleo de este tipo y se calcula que la preparación para la reutilización de los RAEE podría generar unos 4.700 empleos directos, con lo que debe incluirse en la normativa todo lo relativo a garantías de salud, respeto al medio ambiente y resultados satisfactorios para los consumidores finales de los “nuevos” productos.
El tema de la mejora del control y de la supervisión de estos residuos por parte de las administraciones públicas también está incluido en el nuevo Real Decreto. El objetivo es crear una Plataforma Electrónica, cofinanciada por el MAGRAMA y por los productores, en la que se dispondrán de todos los datos de recogida y gestión de RAEE. Se creará también una oficina de asignación de recogidas que estará supervisada por las administraciones públicas que estén implicadas.
Los resultados de esta campaña a favor de la buena gestión de residuos se exigirán a nivel de autonomías y no sólo a nivel nacional como se hacía hasta ahora y se establecerán parámetros como, por ejemplo, el número de habitantes de una Comunidad Autónoma para realizar la inspección y el control de manera más detallada y precisa.
La nueva normativa también incluye los requisitos técnicos para que las comunidades puedan aprobar autorizaciones para las plantas de tratamiento de estos residuos, para así poder agrupar y unificar los tratamientos y procesos que se deben seguir en España.